Las verdaderas intenciones de la implantación del Plan de Bolonia en el Espacio Europeo de Educación Superior impactan frontalmente con las funciones que tradicionalmente ha desarrollado la universidad. Estas intenciones implican la subordinación de la universidad a las demandas productivas del sistema neoliberal y de los grandes grupos de poder de la UE. La "Europa de la cultura y el conocimiento" que se pretende alcanzar con la puesta en marcha del PB es "hacer de Europa la economía más competitiva y dinámica del mundo, basada en el conocimiento". No en una Europa mejor formada, más culta, reflexiva, autocrítica y solidaria.
La mayor parte de los principios que inspiran la Declaración de Bolonia están orientados hacia la instrumentalización de las universidades, convirtiendo a los estudiantes en mano de obra cualificada al servicio de la economía global que privatiza todo lo que toca con sus manos. Por este motivo, a partir de 2010, el plan de Bolonia traerá consigo los infravalores de la competitividad, la estrecha colaboración universidad-empresa, la supremacía de los intereses económicos frente a la formación cultural y educativa.
El proceso de Bolonia obligará a las universidades a diseñar programas con estructuras circunscritas a muy pocas ramas de estudios y a un número reducido de títulos, fruto de las necesidades productivas del sistema y la política de mercantilización del mundo universitario.
Otro aspecto novedoso, dentro del nuevo modelo de universidad que propone Bolonia, son las llamadas prácticas de empresa, obligatorias para la obtención del título aunque sus condiciones sean desconocidas. Sin embargo, lo que sí que conocemos es la figura del becari@ que utilizan las empresas para cubrir puestos de trabajo. Figura que no está sujeta a regulación laboral, que no produce cotizaciones en la Seguridad Social, desempleo, ni formación profesional. O lo que es lo mismo, precariedad laboral, privatización del sector público y desempleo, porque ya se sabe, si me lo hace un becari@, para qué le voy a hacer contrato.
Así mismo, el proceso de Bolonia conlleva que las normas de acceso, permanencia y graduación sean muy restrictivas. Los ciclos educativos estarán basados en los intereses de la economía. Su perfil será de tipo general con una especialización de carácter prescriptivo a partir de la realización de un master que alcanzará un precio de mercado que introduce un condicionante más en el acceso a la educación superior.
La falta de democratización del Plan Bolonia impone un modelo único de referencia, cuyas bases se centran en la adopción de medidas que igualen el reconocimiento académico y profesional a nivel europeo. Esta es la justificación que argumentan los defensores de un proceso que pretende configurar un sistema educativo en el que la capacidad económica va a jugar un papel determinante. La alternativa propuesta son los denominados préstamos-renta, que obligarán al estudiante a su devolución en los primeros diez años posteriores a su ingreso en el mercado de trabajo, marcando un nuevo patrón de dependencia económica y personal.
Existe cierta opacidad en torno a las repercusiones laborales y profesionales que afectarán a la comunidad universitaria. Los posibles impactos en los convenios vigentes, así como las repercusiones en el sistema de selección del profesorado, están siendo obviados con la clara intención de no generar alarma social. La nueva "forma de estudiar" en la que se supone que el alumno va a ser el responsable de su propia formación, pone entre la espada y la pared al personal docente, que ya no será una herramienta imprescindible. Este hecho es motivo más que suficiente para sospechar que se ofertarán menos plazas, se practicarán jubilaciones anticipadas y no se renovarán los contratos más precarios.
Bolonia propone, además, un sistema de enseñanza de calidad en el que no se especifican ni los criterios de evaluación ni los organismos competentes para realizarla. En cualquier caso si tenemos en cuenta la idea competitiva y la relación directa con las empresas que revisten todo el proceso, muy probablemente los indicadores de evaluación se regirán por las directrices empresariales, y esto sólo supone la pérdida de identidad, la no difusión de la cultura y el conocimiento.
A fecha de hoy no se tiene constancia de las connotaciones económicas que tendrá su aplicación, ni de los presupuestos destinados al efecto, aunque todo conduce a pensar que la filosofía de bajo coste será la que prevalezca, sin contar con el esfuerzo económico que supondrá para los países europeos más desfavorecidos.
Las universidades se verán en la obligación de realizar una parte significativa de la investigación que demandan los procesos productivos, en régimen de competencia a ultranza, con unas perspectivas muy alejadas de los principios de cooperación y solidaridad entre las personas, los centros educativos y los territorios en los que estén situados.
La situación descrita va a afectar, en un plazo breve de tiempo, a una comunidad de unos 45 millones de ciudadanos (incluyendo estudiantes, profesorado, administrativos, personal de servicios...), sin enumerar los efectos indirectos que entrañará para las enseñanzas medias que se verán obligadas a asumir los dictados de las torres rojas de Bolonia.
(Cascos policiales que portaban algunos integrantes de la manifestación del MPS) 
¡Qué error ser yo bajo la luna!
